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Normalistas y padres contra ejercitoEl gobierno federal está, más que nunca, obligado a investigar y castigar a todos los responsables de las tres matanzas ocurridas en el lapso de los últimos meses: Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, pero, además, debe clarificar las razones por las que miembros de su gabinete le han estado mintiendo sistemáticamente a la sociedad a través de las versiones oficiales en cada caso.

La administración de Enrique Peña Nieto sigue, pues, hundiéndose en una crisis de credibilidad por sus propias acciones y omisiones; ningún “afán desestabilizador” o grupo de oscuros intereses ha sido el culpable, como aseguran algunas voces. En todo caso, a un régimen sólido sería difícil tambalearlo, pero no así a uno que tiene a la sociedad en su contra.

Desde tiempos posrevolucionarios, no se sabía de tal enojo social en México, y eso no es solamente un efecto del uso colectivo de las redes sociales, sino de los hechos con los que un gobierno conquista o repele a los gobernados. En este sexenio, las graves violaciones a los derechos humanos no han podido ser ocultadas, por más esfuerzos que hacen para negar o desvirtuar lo que está pasando. Lo más indignante es que, en vez de castigar a quienes pregonan esas historias falaces para proteger a los responsables de los hechos, incluso se les ha premiado.

Primero fue en Tlatlaya, Estado de México, a finales de junio anterior, donde elementos del ejército ejecutaron a 22 civiles rendidos. El comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que se trataba de un enfrentamiento entre soldados y presuntos delincuentes, con saldo de 22 muertes de un solo lado, un militar lesionado y el presunto rescate de dos secuestradas.

Investigaciones periodísticas exhibieron la inconsistencia de la versión oficial y el caso dio un vuelco de 180 grados debido a las fehacientes pruebas que demostraron la ejecución extrajudicial. Hoy en día, solamente militares de bajo rango se encuentran detenidos, pero los de alto rango no han sido molestados en lo más mínimo y se siguen desestimando todas las recomendaciones al respecto de organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos.

Después, en septiembre, el mundo comenzó a escuchar el nombre de un pueblo llamado Ayotzinapa, debido a la noche trágica del día 26, con las consecuencias que pocos ignoran.

Versiones periodísticas y hasta científicas han echado por tierra muy pronto toda conclusión que la Procuraduría General de la República ha intentado posicionar desde entonces. Ayer, de nuevo, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendaron nuevas líneas de investigación y propusieron otros sitios de búsqueda, en obvio rechazo a la versión oficial.

El gobierno fue incapaz de sostener a Jesús Murillo Karam como titular de la PGR, pero fue capaz de ponerlo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu. Fue premiado, pues, por “hacerle segundas” a Peña Nieto en todo lo que se le ordenó, mientras que la gente sigue exigiendo la presentación de los 43 normalistas vivos y la caravana por la justicia sigue su camino, en tres secciones, por Estados Unidos, Canadá y Europa, para terminar todos juntos en Nueva York.

Y ahora, en Apatzingán, para no variar, se inventó la versión oficial del “fuego cruzado”. El excomisionado del gobierno federal para La Paz y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, precisó en enero pasado que las ocho muertes habían resultado por “fuego amigo”. Ahora, es el flamante director de la Comisión Nacional del Deporte, en vez de estar bajo investigación, y no es factible que sea llamado a cuentas.

Son tres lamentables acontecimientos que, de no aclararse y llevar a juicio a los responsables, pondrán al gobierno peñista como uno de los más represivos en la historia moderna del país, aunque no se sabe si este descrédito le importará siquiera.

DESDE AYER, DURANGO quedó adherido al programa Red Pacto Mundial México, impulsado por la Organización de Naciones Unidas, que promueve el desarrollo sustentable y la ciudadanía participativa. Articula los esfuerzos de gobierno y sociedad, además de proponer la adhesión a una agenda de trabajo de diez principios fundamentales agrupados en cuatro ejes estratégicos: derechos humanos, estabilidad laboral, combate a la corrupción y respeto al medio ambiente… ESTE ACTO PROTOCOLARIO se realizó ayer en el Lago de la China, en el Parque Guadiana, y la ciudad de Durango quedó así integrada en este Pacto Mundial, conformado por más de 14 mil organizaciones, la red más grande en América Latina y la tercera en el mundo, por debajo de España y Francia… TAL Y COMO se esperaba el organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, del gobierno federal, no cumplió con el pago pendiente de dos pesos por kilogramo de frijol a estos productores a quienes les adeudan el subsidio desde el año pasado. ASERCA ha incumplido en incontables ocasiones y no hay ninguna autoridad que intervenga para favorecer a los empobrecidos productores de Durango.

Twitter @rubencardenas10

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