Home México ¿Jornaleros agrícolas o esclavos en los campos mexicanos?

jornaleros oaxaquenosLos seis jornaleros oaxaqueños aún detenidos en San Quintín, Baja California, tras el violento enfrentamiento de trabajadores del campo contra corporaciones policiacas el sábado último, deberán pagar una fianza millonaria -y a todas luces inaccesible- si desean obtener su libertad a corto plazo. A tres de ellos se les fijó un monto de 7 millones 815 mil pesos por cada uno, debido a que enfrentan cargos por daño al patrimonio cultural de la humanidad, entre otras acusaciones judiciales. Otro deberá pagar medio millón y dos más, fianzas “más pequeñas”, aun cuando nada es pequeño para alguien que escasamente gana cien pesos por toda una fatigosa jornada bajo el sol.

Sobre tal enfrentamiento se ha desatado gran controversia, porque, mientras los dueños de los ranchos aseguran haber llamado a las fuerzas del orden para evitar desmanes que ya estaban sucediendo, los trabajadores aseguran que la represión estalló porque ellos se habían negado a volver a sus labores hasta no ver cumplido su pliego petitorio, cuya principal demanda es que se les pague un salario de doscientos pesos al día, en lugar de sólo cien.

Lo que son las cosas en este país, donde son más graves los daños patrimoniales que los crímenes, pues a Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán, por ejemplo, le fijaron una fianza casi ridícula de siete mil 700 pesos para salir libre, hace unas semanas, por la presunta comisión de delitos relacionados con el narcotráfico y pese a que nunca se dudó de su amistad, ni antes ni ahora, con los entonces líderes templarios. Así y todo, se fue muy campante con destino desconocido.

Por su parte, el director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez Santos, dijo que, de los once jornaleros detenidos inicialmente en la reciente gresca, diez son de origen oaxaqueño, de los cuales cuatro ya fueron liberados bajo fianza por ser menores de edad, aun cuando siguen bajo investigación por parte de la Procuraduría de Justicia de esa entidad. Son seis, pues, sobre quienes recae toda la responsabilidad de los actos de vandalismo.

Estos seis podrán abandonar la prisión sólo si pagan la millonaria fianza, ya que se les atribuyen, además del daño al patrimonio de la humanidad, la destrucción de patrullas, así como severos desperfectos a vehículos blindados y a equipo de la policía estatal. Lo más absurdo del caso, además de las muchas irregularidades en la detención, es que ninguno de estos jornaleros tiene, ni remotamente, tal cantidad, menos como producto de un trabajo por el cual no reciben más de 600 pesos a la semana, en jornadas esclavizantes de más de 16 horas. Es una manera de dejarlos en prisión sin la menor oportunidad de defensa; es decir, significa cadena perpetua, quizá como escarmiento para que a los demás no se les ocurra volver a rebelarse.

En esa batalla campal del sábado, más de 70 trabajadores del campo resultaron heridos, entre hombres, mujeres y niños; todavía siete permanecen hospitalizados y dos de ellos se reportan como graves. Informes preliminares revelaron la muerte de tres jornaleros en esos hechos y algunos de sus compañeros culparon a elementos policiacos de llevarse los cuerpos de los caídos, pero oficialmente no se admitieron víctimas fatales ni brutalidad policiaca.

Como se sabe, los jornaleros del Valle de San Quintín iniciaron un paro de labores el martes 24 de marzo del año en curso; exigen aumento al salario, por jornada de trabajo de ocho horas, de cien a 300 pesos, además de condiciones mucho más dignas que las actuales. Los dueños de los campos agrícolas aceptaron la concesión de un incremento salarial del 15 por ciento, pero los jornaleros rechazaron la propuesta, aunque luego bajaron su demanda de 300 pesos diarios a 200, en la cual se mantienen, aun cuando no han visto incremento alguno hasta la fecha.

Este sábado nueve de mayo, la policía ministerial de San Quintín ingresó a los asentamientos humanos en ese valle, supuestamente atendiendo el llamado del dueño de un campo agrícola, preocupado por brotes de violencia por parte del grupo de sus trabajadores. La policía empezó a detener, de manera arbitraria y sin causa aparente, a jornaleros que esperaban su camión para irse a trabajar, incluso a quienes todavía estaban en sus casuchas. Según testimonios, fueron “correteados”, jalonados y golpeados, sin distingo de edad o sexo, por elementos policiacos, a lo cual ellos respondieron con igual violencia, sólo que la policía finalmente sometió al grupo y se llevó a once trabajadores a la cárcel, además de dejar decenas de heridos.

El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, ha suspendido el diálogo que tenía con estos campesinos y hasta ayer no había negociación alguna; quizá por esto, ya se comienza a afirmar entre ellos la idea de realizar una caravana por el país, para dar a conocer su lucha.

Una lucha que recuerda esos movimientos de los jornaleros mexicanos en Estados Unidos durante los años sesenta, cuando el trato indigno, la explotación, la injusticia, la discriminación y el ser trabajadores invisibles -excepto como mano de obra para recolectar incansablemente uvas, fresas y todo tipo de cosechas muy cotizadas- provocaron huelgas, marchas y caravanas, formación de sindicatos, surgimiento de liderazgos, como el de César Chávez y el deseo aún no alcanzado de una vida mejor.

Estos campesinos sólo demandan una vida más digna y, al menos en los campos de California, su salario refleja los logros de sus antecesores, pero aquí, en su propio suelo, deben empezar de cero hasta para que se sepa quiénes son y en qué condiciones trabajan. Es el principio de un problema que puede crecer si las autoridades siguen sin tomar su papel de escuchar a las partes y promover soluciones, además de la represión policiaca como forma de pulverizar los conflictos.

COLMILLOS Y GARRAS

MÁS TARDÓ EN irse a campaña el director del Instituto Estatal del Deporte, Felipe Cortez, que en tomar las riendas de esa dependencia, por cuenta propia, la contadora Irene Vargas Deras, quien solamente tiene la responsabilidad administrativa de las instalaciones. Fuentes internas del IED aseguran que mantiene en la inmovilidad al director encargado, Sergio Montenegro… POR LO PRONTO, Vargas Deras ya tiene en la nómina del IED a su hija, a quien le encomendó la atención psicológica de los deportistas y, además, designó a un sobrino como delegado de las selecciones estatales durante competencias en varios estados ¿Alguien respaldará esta prepotente actitud en

El IED?.. ES TAN SÓLO una pequeña pincelada del terrible manejo administrativo en el deporte estatal, por lo que no es de extrañar que tengamos los peores niveles deportivos, pese a lo talentoso de los deportistas, de acuerdo a lo que anualmente observamos en el medallero de la Olimpiada Nacional. Es una pena.

Twitter @rubencardenas10

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