Home Durango El espionaje de Peña Nieto también irá al costal de la impunidad

ruben-cardenas-blogPor Rubén Cárdenas.  Nada fácil resulta creerle al gobierno federal sus pretendidos esfuerzos para investigar el espionaje contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y abogados, denunciado hace días por el diario New York Times, cuando, por un lado, asegura que solicitará apoyo al FBI norteamericano y la misma ONU para tal indagatoria, y por otro, ordena a la Secretaría de Gobernación reservar todos los datos acerca de compra de equipos por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional hasta el año 2027. No se sabe, pues, si Enrique Peña Nieto quiere o no quiere hacer algo al respecto.

Como se recordará, el diario norteamericano publicó recientemente que la administración de Peña Nieto compró el famoso Pegasus, creado por NSO Group de Israel para investigar solamente criminales, pero aquí fue usado para espiar a periodistas como Carmen Aristegui y de paso a su hijo menor de edad, a Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, Daniel Lizárraga, al director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, y a los abogados defensores de familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros, lo cual configura ya un delito.

Según la publicación, el gobierno peñista gastó más de 77 millones de dólares en la adquisición de ese equipo, por lo que cada episodio de “hackeo” le costó al erario alrededor de 77 mil dólares. La gran pregunta es qué hizo el gobierno federal con toda la información que obtuvo o, más bien, qué pretendía hacer al meterse con la privacidad de quienes, de alguna manera, han sido críticos de su desempeño, aunque no en todos los casos se explica por qué fueron espiados, si nunca han hecho señalamientos al gobierno.

Tras las críticas tan intensas, Peña Nieto quiso atenuar el impacto negativo que causó esa revelación y salió conque hasta él ha sido espiado, pero que cuida mucho sus conversaciones. También amenazó veladamente a quienes demandaron penalmente a su gobierno por esa causa, aunque después aclaró que se había equivocado en el manejo de términos, pues nunca intentó amenazar a nadie.

Y, ante la exigencia social de una investigación ajena al gobierno -porque hasta inmoral resulta que se investigue a sí mismo- la Procuraduría General de la República informó que “un grupo de apoyo técnico”, conformado por investigadores del FBI, la ONU, de la Asociación Mundial de Operadores Móviles, del Instituto Politécnico Nacional, entre otras instancias, ahondarán en el presunto espionaje. Empero, el gobierno norteamericano negó haber recibido petición alguna para que el FBI se uniera a esa tarea.

Por otra parte, el Cisen ya reservó hasta el 2027 la información de los contratos con empresas dedicadas al espionaje, con la validación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es decir, de ahora en adelante, ningún mexicano podrá enterarse de lo que pasó con las adquisiciones de estos equipos, ni su utilización, características o entidades compradoras. Todo quedó en suspenso hasta el año 2027, más de un sexenio después de que haya entregado el poder Enrique Peña Nieto, cuando ya no le podrá afectar lo que se diga o se haga.

Estamos entonces, para no variar, ante el doble discurso de un gobierno empeñado en ignorar a la sociedad y evitar a toda costa que nos percatemos como sociedad de sus malas acciones. Si bien es cierto que el espionaje no es una práctica exclusiva de la presente administración federal priísta, porque desde hace décadas habían existido rumores al respecto, nunca habían trascendido los nombres y apellidos de los afectados con tanta vehemencia como después de la publicación del New York Times. Estamos ante un escándalo más del régimen de Peña Nieto y, como en todos los demás casos, no hay garantías de que se resuelva, quéjese quien se queje.

PREVALECE LA INDIGNACIÓN entre profesores, empleados administrativos, alumnos y padres de familia del CBTIS #130, luego de la ceremonia de graduación de la generación 2014-2017 efectuada el pasado jueves 22, porque en las invitaciones y lonas colocadas para la ceremonia, en las instalaciones de la FENADU se inscribió la frase: “Familia Blanca de Sangre Azul”, algo discriminatorio para los asistentes… LOS OFENDIDOS ASEGURAN que el director de la institución, Mucio Gabriel Moreno Irigoyen, ignoró a quienes le solicitaron que no apareciera la ofensiva frase en las invitaciones y menos en el recinto ferial. La indignación generada surgió con mayor intensidad porque a esa institución educativa acuden muchos alumnos de escasos recursos, quienes se sintieron muy agraviados… QUEDA PARA LA anécdota, pero no es asunto trivial que un director discrimine a sus alumnos y a padres de familia bajo ninguna circunstancia, pero más ofensivo resulta justo en el día en que festejan la culminación de tres años de esfuerzos diarios ¿Qué opinarán de todo esto las autoridades educativas?

Twitter @rubencardenas10

google-site-verification: google280ca0eeb565a7e1.html
A %d blogueros les gusta esto: