Durante la jornada electoral extraordinaria en el estado de Colima ayer domingo, en la cual el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, adelantó que su candidato a gobernador Ignacio Peralta fue el ganador absoluto, prevalecieron las irregularidades que, en junio pasado, fueron causa de la anulación de los comicios. Todavía no iniciaba la jornada y ya habían desaparecido tres paquetes electorales, con mil 900 boletas, en igual número de casillas en el municipio de Tecomán, entre otras quejas.

Por Rubén Cárdenas.

Por supuesto que la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, «el chapo», es una buena noticia para la sociedad mexicana y nadie puede decir lo contrario, pero de ninguna manera constituye el gran logro que el gobierno federal pretende posicionar. En todo caso, esta recaptura no es sino una enmienda del craso error cometido por las instituciones de seguridad que permitieron su evasión del Altiplano hace seis meses.

Más que festejar con júbilo y aplausos, el presidente Enrique Peña debió, en primera instancia, disculparse por esta fuga, que puso en evidencia tanto los sistemas de seguridad, como la fragilidad de las instituciones involucradas. En segundo lugar, debió actuar con todo el peso de la ley contra todo aquel facilitador de la fuga -pues esa investigación quedó a medias y nunca se han dado a conocer los verdaderos nombres- y, desde luego, hacer lo necesario para impedir cualquier nuevo intento de escape y que esta historia no se convierta en una tragicomedia al gusto del narcotraficante.

Es normal alegrarse cuando un error de tal dimensión es corregido, pero festinar el hecho y aun honrar a las fuerzas armadas, así como a las corporaciones policiacas, por solamente cumplir con su obligación de proteger al ciudadano, parece más un afán de desviar la atención respecto a otros problemas que de celebrar con el pueblo. De hecho, uno de los más contentos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debió haber sido despedido desde el momento de esa inverosímil fuga.

El gobierno agrede a la sociedad con tanto reconocimiento a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, porque son precisamente las que han fallado en Tlatlaya, Estado de México; Ecuandureo y Apatzingán, Michoacán; Tamazula, Durango; Calera, en Zacatecas, así como en Ayotzinapa, Guerrero, por mencionar los más estruendosos. Han sido incapaces también de bajar los índices delictivos en lo que va de este sexenio. Ofende el gobierno peñista cuando alardea que las instituciones de seguridad mantendrán el estado de derecho y nadie estará por encima de la ley, aseveraciones francamente falaces, que muy pocos pueden creer.

Ahora, la Procuraduría General de la República no tendrá impedimento alguno para preguntarle al capo quiénes le ayudaron, a dónde se fue o hasta dónde alcanzan sus redes de corrupción. Es absurda la versión de que sus cómplices hayan sido exclusivamente las autoridades penitenciarias.

Si Guzmán Loera logró fugarse por segunda vez de una prisión de máxima seguridad, es porque la primera, cuando lo hizo del penal de Puente Grande, Jalisco, en el 2001, hubo «borrón y cuenta nueva» en esa historia del escape en el famoso carrito de lavandería. No haber investigado a fondo entonces y castigado a todos aquellos corruptos servidores públicos, abrió una nueva puerta, la de la impunidad, en el Altiplano.

Y eso definitivamente marcó un antes y un después en el sistema carcelario en México, el cual, por cierto, permite evasiones a culpables y deja adentro, sin revisión del caso, a muchos otros que son inconvenientes o incómodos para los intereses oficiales, por ejemplo, a José Manuel Mireles,

Líder de los autodefensas de Michoacán, preso en una cárcel de alta seguridad en Hermosillo, Sonora, desde el 2014.

Si el gobierno de la república desea,pues, convencernos de la honorabilidad y eficiencia de los encargados de la seguridad, que comience por resolver asuntos que siguen pendientes y ya se dieron por cerrados. Eso sería más significativo que celebrar por algo que estaba dentro de sus responsabilidades. No hicieron ninguna gracia ni nos hicieron un favor. Recapturar al «chapo» era lo mínimo esperado.

SESIONA HOY DOMINGO el Consejo Político Estatal del PRI y, entre los resolutivos, está contemplada la instrucción al dirigente estatal Manuel Herrera Ruiz, para que el día 12 de los corrientes publique la convocatoria para aspirantes a las candidaturas a las alcaldías de la capital del estado y Ciudad Lerdo… TODO PARECE INDICAR que será la última sesión de Consejo Político Estatal que presida Manuel Herrera Ruiz, ya que se da por hecho su destape como precandidato del tricolor a la presidencia municipal de la capital del estado… Y SI DE precandidatos a alcaldes del tricolor se trata, en el municipio de Tepehuanes el priísmo sigue impulsando la candidatura de José Ramón Hernández Reyes, tal vez la carta más fuerte para que esa municipalidad siga en manos del PRI en la elección de junio próximo. Se antoja inminente su nominación para ese cargo de elección popular.

Twitter @rubencardenas10